NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA UIF SERÁ RATIFICADO POR DIPUTADOS


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 Aunque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha perfilado a Santiago Nieto para dirigir la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dicho nombramiento tendrá que ser ratificado en la Cámara de Diputados, al igual que otros de alta importancia en dicha dependencia.

Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el proceso para la ratificación de los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda que sean nombrados por el presidente, entre los que se encuentra el titular de la UIF, el cual encabezará la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la próxima administración.

Al respecto, Iván Aleksei Alemán Loza, ex vice presidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, explicó que, aunque el Senado de la República era el que tenía la facultad de ratificar los nombramientos en ciertos puestos de la SHCP realizados por el Ejecutivo, con lo publicado en el DOF esta tarea se pasa a los diputados y además se incluye el puesto de la UIF, en el que antes no se necesitaba ratificación por parte de los legisladores.

De acuerdo con especialistas, en esta nueva publicación se incorpora al titular de la UIF, antes éste no estaba en la lista de los nombramientos que tenían que ser ratificados por los legisladores.

El próximo titular de la UIF será el primero desde su creación, en el 2004, que tenga que ser nombrado por el presidente y ratificado por la Cámara de Diputados, cuando antes dicho procedimiento sólo era realizado para el secretario de Hacienda.

“Lo que hace la Cámara de Diputados es expedir el acuerdo que establece el procedimiento de ratificación y fija cuáles son los empleados superiores de Hacienda (que tendrán que ser ratificados) y adiciona al titular de la UIF, de tal manera que el próximo titular de la unidad será el primero nombrado por el presidente y ratificado en la Cámara de Diputados, esto a partir del 1 de diciembre del 2018”, según especialistas.

Para el exfuncionario, el cargo de titular de la UIF, que actualmente ocupa Orlando Suárez López, reúne todas las características necesarias para que sea catalogado como empleado superior de la SHCP, al igual que otros que tendrán que pasar por el mismo proceso como el de subsecretario de Hacienda, de Egresos, de Ingresos, el procurador fiscal de la Federación, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, entre otros.

La UIF es la instancia nacional que coadyuva en la prevención y combate del lavado de dinero en México y sus principales tareas son implementar y dar seguimiento a mecanismos preventivos y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer el blanqueo de capitales, el terrorismo nacional e internacional, así como el financiamiento de esta actividad.

Esta instancia recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, además de que analiza dicha información, así como otros documentos útiles para detectar lavado de dinero y, en su caso, presenta las denuncias correspondientes.

Agenda definida

Expertos coinciden que, independientemente de quién sea el próximo titular de la UIF, está claro que hay una agenda que se debe trabajar para que México sea más efectivo en la lucha contra el lavado de dinero, tal y como lo han recomendado organismos internacionales al destacar que el país no ha tenido el éxito deseado para combatir dicho ilícito.

Aunque es importante que el nombramiento del titular de la UIF sea ratificado por los legisladores, éste no debe ser una moneda de cambio legislativa con el fin de no politizar la labor de la persona que estará al frente de dicha instancia y, además, indicó que su actuar debe ser de bajo perfil como sucede en otros países.

Según las últimas cifras oficiales, de septiembre del 2017 a junio del 2018, el gobierno inició 114 investigaciones por presunto lavado de dinero, se aseguraron 871.4 millones de pesos y 14.7 millones de dólares y sólo se dictaron seis sentencias condenatorias en el sistema penal.

Fuente: El Economista

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